Tan sólo emplea una inversión menor la Comunidad de Baleares, según se desprende del informe ‘Los incendios forestales en Aragón’, elaborado por el Justicia de Aragón, aunque el documento también refleja que la cantidad invertida por la administración autonómica aragonesa se ha multiplicado por 2,1 en el periodo comprendido desde el año 2003 hasta el 2008.
Iván Martín - El informe destaca, además, que el número de incendios en la Comunidad sigue una tendencia ascendente desde 1994, y desde entonces se ha triplicado. Además, el estudio refleja que el 45% de ese tipo de siniestros se debe a imprudencias; un 32% a causas naturales; un 7% han sido intencionados, y en el 16% restante no se conoce la causa.
Asimismo, en el documento, cuyas conclusiones se hicieron públicas ayer, se recogen propuestas elaboradas desde 11 entidades de carácter público y privado de distinta índole: de planificación y gestión, prevención, extinción, restauración del terreno incendiado y mantenimiento de la población en el medio rural.
El informe sugiere que se vinculen las ayudas agrícolas a los compromisos en la lucha contra los incendios, y en concreto, que se aporte una mayor información a los agricultores sobre el uso y quema de rastrojos. También propone un mayor control urbanístico del bosque, en concreto, evitando construcciones, casetas, barbacoas u hogueras incontroladas, además de acciones sancionadoras ejemplarizantes, e insistir en la sensibilización y formación ambiental de la ciudadanía en ese aspecto.
Entre las medidas técnicas que se plantean, destacan la realización de cortafuegos y áreas de cortafuegos, donde se concluye que su construcción debe cumplir una doble función: impedir el paso del fuego y facilitar el acceso rápido al foco primitivo. La retirada de la madera quemada es otro de los puntos en los que más se incide en el apartado de la restauración.
También sugiere que este tipo de actuaciones pueden ir complementadas con otras preventivas, como las de reforzar la actuación de mantenimiento de las cuadrillas forestales o fomentar su conservación mediante el pastoreo.
Fijar población rural
En el apartado de la lucha contra los incendios, el estudio da importancia al mantenimiento de la población en el medio rural, y las prácticas que conlleva. Así, propone ayudas a la ganadería extensiva y pastoreo controlado, conservación y uso apropiado del suelo, aplicación de prácticas agrícolas y forestales sostenibles que reduzcan los riesgos asociados a los incendios forestales, ordenación de los combustibles forestales, aprovechamiento de la biomasa forestal como fuente de energía renovable, arado de franjas colindantes con montes tras el levantamiento de la cosecha e interrupción de ribazos que puedan transmitir el fuego.
Las ayudas podrían llevarse a cabo de forma directa, a los particulares que las realizan, mediante la aportación económica, o indirecta, impulsando la puesta a disposición de servicios a la comunidad residente en zona rural.
Entre otras actuaciones encaminadas a una mejor gestión, se fomentan ayudas para apoyar a las empresas que revaloricen la leña y los cultivos ignífugos en perímetros de protección y fomentar actuaciones preventivas. Entre ellas, están las del paso del arado dentro de los 15 días posteriores a la recolección de rastrojos colindantes con terreno forestal. En este punto, también se apunta a la conveniencia de crear vías de evacuación y simulacros.
Además, se plantea el cuidado del bosque o selvicultura, por un lado, y la conveniencia de reforestar evitando que los árboles estén demasiado juntos, realizando las podas necesarias y operaciones de clareo en bosques de alta densidad arbórea, además de evitar que el bosque esté próximo a zonas habitadas. Para la extinción, se recalca la importancia de mejorar los accesos, puntos de agua e infraestructuras aeronáuticas, entre otros.
Propuestas de diversos planes
En medidas referentes a la gestión, se sugiere la actualización del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias para Incendios Forestales a la “realidad administrativa y normativa” de la Comunidad, incidiendo en la necesidad de que participen ayuntamientos y comarcas afectados.
También se propone la elaboración de un plan forestal de Aragón, que incluiría varias líneas de actuación. Así, debe comprender la definición de zonas de alto riesgo, propone la realización de un plan forestal en cada monte, otro de tipo autonómico sobre cortafuegos, la ejecución de un plan de acción de la biomasa forestal (entre 2008-2016) y fomentar la participación pública en los distintos niveles de planificación de incendios forestales previstos e la Ley de Montes de Aragón.
